El calendario marcaba el 31 de diciembre, una fecha de balances y brindis, pero para muchos fue el cierre de una crónica anunciada. Mientras las luces decoraban las casas, en algún rincón de nuestra ciudad, el sistema de salud mental terminaba de soltarle la mano a un hombre de 38 años. Hoy, ese "chico" que muchos vimos crecer, pelea por su vida conectado a un respirador. No es un caso aislado; es el síntoma de un abandono sistémico que nos golpea en la cara.
La pregunta que nos quema hoy no es qué falló esa noche, sino cuántas veces falló el sistema antes. Lo vimos pasar: una y otra vez, la crisis, el desamparo, la depresión y un Estado que mira para otro lado bajo la excusa de una ley que, en la práctica, deja a los enfermos a la deriva. ¿Cómo se le puede pedir "voluntad de internación" a alguien cuya enfermedad le ha roto, precisamente, la voluntad?
La trampa de la autonomía en la adicción
La actual Ley de Salud Mental parte de una premisa romántica pero peligrosa: la autonomía total del paciente. Pero en el terreno de las adicciones pesadas y las crisis psiquiátricas recurrentes, esa autonomía es una trampa mortal. Cuando un adulto de 30 o 40 años —esos que ya no califican para los programas de juventud pero que están igual de rotos— entra en una crisis, el hospital suele ser una "puerta giratoria". Entran por la emergencia, se los compensa mínimamente y se los devuelve a la calle, a la misma red de contención informal (amigos, vecinos, y familiares) que ya está agotada y sin herramientas profesionales para sostener el abismo.
Cuando el sistema público falla, la responsabilidad recae sobre los hombros de la red afectiva. Son esos familiares, vecinos, amigos o "madres de corazón" quienes, por puro amor y humanidad, abren las puertas de sus casas cuando la familia biológica —agotada o desbordada— decide expulsar al enfermo. Pero el amor no es un tratamiento médico. No se puede pretender que un sillón en un living suplante a una comunidad terapéutica o a un centro de día con profesionales capacitados.
Quienes hemos recibido a estos jóvenes —y no tan jóvenes— en nuestras casas, sabemos lo que es vivir en alerta constante. Conocemos la impotencia de ver cómo el chico que conociste desde chiquito se va desdibujando bajo el peso de la depresión o el consumo. El Estado descansa en nuestra buena voluntad, utilizándonos como un "amortiguador" gratuito para no hacerse cargo de su falta de infraestructura. Pero esa red invisible también se rompe. Y cuando se rompe, el resultado es la terapia intensiva, el respirador y el silencio de una cama de hospital que llegó demasiado tarde.
El vacío de los "sin lugar"
Existe una franja etaria olvidada: el adulto de 30 o 40 años que ya no encaja en las estadísticas de la juventud, pero que sigue siendo hijo de una sociedad que no lo sujeta. Para ellos, no hay dispositivos intermedios eficaces. O es la calle, o es la internación forzosa cuando ya no hay nada que hacer. El 31 de diciembre no falló la suerte, falló el seguimiento. Falló el "después" de cada crisis anterior que terminó con ese chico de nuevo en la calle, golpeando puertas ajenas para no dormir a la intemperie.
La trampa del "consentimiento": cuando la burocracia mata
Aquí es donde la teoría choca con la sangre y el dolor en el asfalto. La actual normativa pone una barrera casi infranqueable para quienes intentamos ayudar: la nulidad de intervención de terceros. Si el adulto —aunque esté en un estado de abandono total o bajo el efecto de sustancias que anulan su razón— se opone a ser internado, la ley le da la "libertad" de seguir destruyéndose.
Familiares, amigos y redes de contención asistimos, con las manos atadas por expedientes y protocolos, al suicidio lento de nuestros seres queridos. La burocracia exige una "peligrosidad inminente" para actuar, pero para cuando esa peligrosidad es evidente, ya estamos llamando a una ambulancia para que lo traslade a una terapia intensiva. El sistema nos pide que esperemos a que el abismo sea total para recién ahí, quizás, intervenir.
Es una libertad mal entendida. No es libertad dejar que alguien se muera porque "no quiere" ayuda; es abandono de persona disfrazado de derecho civil. Mientras los escritorios se llenan de tecnicismos, las casas se llenan de velorios o de camas de hospital con respiradores.
Un cierre necesario: No podemos esperar al próximo 31 de diciembre
No escribo esto desde la frialdad de una estadística. Lo escribo desde mi casa, donde ese chico tantas veces buscó el refugio que no encontraba en ningún otro lado. Lo escribo como madre, como vecina y como ciudadana que se niega a naturalizar que la respuesta del Estado llegue recién cuando el cuerpo ya no aguanta más.
Necesitamos dispositivos intermedios, seguimiento real y, sobre todo, una ley que escuche a los que cuidan. Que escuche a los que estamos ahí cuando las luces de los despachos oficiales se apagan. No queremos más "crónicas de muertes anunciadas". Queremos un sistema que no nos obligue a ser testigos mudos de la tragedia de los que amamos.
Patricia R. Herrera
