La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. La decisión representa un fuerte alivio para las cuentas públicas y reconfigura un conflicto judicial que llevaba más de una década.
El caso se originó tras la estatización de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino tomó el control de la compañía que estaba en manos de la española Repsol. Años más tarde, fondos de inversión iniciaron demandas en tribunales internacionales al considerar que no se respetaron los derechos de los accionistas minoritarios.
Con este nuevo fallo, la Justicia estadounidense revocó la sentencia previa y descomprimió, al menos por ahora, el escenario económico para la Argentina. Sin embargo, el proceso judicial aún podría tener nuevas instancias, por lo que no se descarta que el litigio continúe.
En ese contexto, el presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional para celebrar la resolución junto a Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante su mensaje, el mandatario afirmó: “Nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas”.
Además del festejo, Milei aprovechó la oportunidad para apuntar contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por la expropiación. “Expropiar está mal, porque robar está mal”, sostuvo, y calificó aquella decisión como “una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.
En la misma línea, el jefe de Estado anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley de expropiaciones, con el objetivo de evitar que, según sus palabras, “la arrogancia de la política nos vuelva a costar otra década perdida”.
Las declaraciones no tardaron en generar respuestas desde la oposición. Axel Kicillof defendió la estatización de YPF y aseguró que no se trató de un ataque personal, sino de una discusión de fondo sobre el rol del Estado. “Se busca cuestionar una decisión soberana y defender intereses extranjeros”, afirmó.
De esta manera, el fallo judicial no solo impacta en el plano económico, sino que reaviva la disputa política en torno a una de las decisiones más emblemáticas de los últimos años. Con posiciones enfrentadas, el futuro de YPF vuelve a instalarse en el centro del debate público.
